La socialista Batet, con un sueldo de 214.444 €: «La mayoría no tiene problema para pagar el alquiler»

La presidenta del Congreso y candidata del PSOE por la provincia de Barcelona en las elecciones del próximo 23 de julio, Meritxell Batet, ha afirmado este miércoles que «la mayoría de la población no tiene problemas para continuar pagando el alquiler». Batet ha realizado esta polémica observación al ser preguntada en una entrevista radiofónica por la reciente eliminación de la prórroga automática de los alquileres, que impedía la subida de la renta. Como presidenta del Congreso, la socialista disfruta de un sueldo anual que asciende a 214.444,86 euros, lo que la convierte en la política mejor pagada de España. Desde luego, muy superior al salario medio de los españoles, que se sitúa en 1.823 euros al mes.

El sueldo de Batet como presidenta del Congreso -un cargo que actualmente sustituye por el de presidenta de la Diputación Permanente, al estar las Cortes disueltas- se desglosa en la «asignación constitucional» idéntica para todos los diputados -y que para 2023 es de 3.126,89 euros al mes-, a l a que se suma el complemento por ser miembro de la Mesa del Congreso -3.421,04 euros-, los gastos de representación -3.714,99 euros- y los de libre disposición, 3.045,96 euros.

A ello hay que añadir la indemnización de 2.008,61 euros al mes por ser diputada de una circunscripción distinta a Madrid, una cantidad exenta de tributación que el Congreso abona a los parlamentarios para afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara.

Además, como el resto de diputados, el Congreso le cubre los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco), así como derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos o los desplazamientos en coche privado (0,25 euros por kilómetro). Batet tiene, no obstante, coche oficial a su disposición. Asimismo, por cada viaje recibe además 150 euros por día en concepto de dietas, en el caso de desplazamientos al extranjero, y 120 en territorio nacional.

Vivienda alquilada

Según consta en su declaración de bienes del Congreso -registrada en 2019- la presidenta socialista tiene arrendada su vivienda, por lo que en el último año notificado ingresó 8.400 euros de su inquilino. En la misma declaración consigna una vivienda en propiedad en Barcelona, adquirida en 2004.

Tras la polémica generada por estas declaraciones, Batet ha pedido disculpas a través de sus redes sociales. «Pido disculpas si no me he explicado bien. Sé lo que cuesta pagar un alquiler», ha escrito. A continuación, ha aprovechado para defender las políticas de vivienda de Sánchez, afirmando que «el pago del alquiler y las hipotecas suponen gran parte de los ingresos de las familias cada mes» y que «este Gobierno es el primero que ha puesto límite al incremento de los arrendamientos y protege y continuará protegiendo a las y los inquilinos más vulnerables».

Vivienda

El Consejo de Ministros rechazó este martes la prórroga obligatoria de seis meses de los contratos de alquiler, que aprobó por última vez el pasado diciembre y que impedían subir el precio de la renta. Esto implica que, a partir del 1 de julio, los propietarios podrán cambiar las condiciones en aquellos contratos de alquiler a punto de expirar. La reciente y polémica Ley de Vivienda, aprobada en mayo, limita no obstante esos incrementos al 2% para 2023 y al 3% para 2024.

Esa norma, además, blinda a los okupas, dilatando su desalojo e imponiendo innumerables obligaciones al propietario que quiera recuperar su vivienda.

Así, el dueño tendrá que demostrar si la propiedad es «vivienda habitual» del ocupante que quiere desalojar y si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Para acreditar esa situación tendrá que recibir la autorización del propio ocupante y, si no la tiene, recurrir a los servicios sociales. Además, tendrá que especificar si es o no un «gran tenedor», la definición que PSOE y Podemos aplican a los dueños de más de cinco inmuebles. La nueva norma obliga además a informar del «día y hora exacta» del desalojo, lo que favorecerá la protesta social para tratar de impedirlo. En el PSOE defienden que la okupación «no es un problema real» para los españoles.